Es una sentencia ante uno de los recurso presentados, pero se adivina que de inmediato llegarán el resto con idéntica conclusión. Y la contundencia del fallo, que incluye la imposición de las costas al demandado (Gobierno de Lakua) da a entender que el TSJPV está muy convencido de la justicia y rigor de sus argumentos, lo que, según juristas consultados, parece desaconsejar que el Ejecutivo intente recurrir ante el Tribunal Supremo. Hay que tener además en cuenta que el último concurso de reparto de licencias de radio se produjo en 1989, hace ya 25 años, y conviene adaptar el dial a la nueva realidad vasca.

El 29 de febrero de 2012 el Gobierno de Lakua, presidido entonces por Patxi López, convocó un concurso para otorgar 34 licencias de radio de FM en la CAV.

A la licitación se presentaron 55 empresas, de las que 48 fueron admitidas al considerar la mesa de valoración que cumplían con todos los requisitos incluidos en la convocatoria.

A mediados de octubre, se conoció que se había producido ya una adjudicación provisional de las 34 licencias sacadas a concurso. Del reparto quedó excluida GARA Irratia, que presentó sus proyectos de radio bilingüe en todas las frecuencias disponibles y se le negaron todas las propuestas. Hamaika Irratia, nacida del trabajo conjunto de Hamaika Telebista y otros proyectos del mundo radiofónico, sí que consiguió ocho licencias para emitir en euskara. Lo logró en todas las comarcas en las que se presentó y con la mayor puntuación en todas ellas.

Suspensión sorpresa

El concurso seguía adelante, con las vicisitudes propias de este tipo de procedimientos, cuando el Ejecutivo de Patxi López, en su último Consejo de Gobierno, y estando ya en funciones, decidió el 11 de diciembre de 2012, anular el concurso convocado.

La portavoz de aquel Gabinete, Idoia Mendia, presentó esta suspensión como una muestra de transparencia y rigor en la contratación, al no querer elevar a definitivo el resultado del concurso en su última reunión «dando lugar a interpretaciones que ha ustedes no se les escapan». Explicó que el proceso se abrió con tiempo suficiente, pero luego se combinaron el retraso de los trabajos de la empresa externa de baremación y el adelanto electoral. Mendia apuntó que podían haber pasado el expediente al Ejecutivo de Urkullu que estaba a punto de formarse, pero pensaron que eso dejaba maniatados a sus sucesores.

Recursos de los afectados

Idoia Mendia cerró su intervención afirmando que «lamentamos las molestias que esta situación sobrevenida pueda causar a las empresas y entidades que habían concurrido al concurso, pero esperamos que gran parte de la documentación que han presentado seguirá siendo válida para el concurso que se convoque en un futuro próximo».

Pero han pasado ya casi dos años desde la suspensión del concurso y el Gobierno de Iñigo Urkullu -ya no tan nuevo- no lo ha vuelto a convocar. Y, como cabía esperar, las empresas que habían contado con una adjudicación provisional, se consideran muy perjudicadas por una decisión que ha impedido que pudieran poner en práctica los proyectos presentados. Por tanto, varias de ellas recurrieron la decisión gubernamental a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Hace unas semanas el TSJPV falló uno de estos recursos, el presentado por «2 Más 2 Publicidad Integral SL», y declara «disconforme a derecho» el acuerdo del Gobierno de Patxi López de renunciar al concurso público. Entiende que no se puede parar un concurso «por meras razones de oportunidad o conveniencia de interés político».

Por lo tanto, el TSJPV lo anula y ordena que se repongan las actuaciones a como estaban antes de acabar con el concurso. Se prevén nuevas sentencias en igual sentido al resto de recursos presentado, entre ellos el de la empresa de Hamaika Irratia.

Atendiendo a la sentencia, el Gobierno de Lakua debería ahora proceder a la adjudicación de las frecuencias de FM, según la propuesta cerrada por la empresa de valoración a finales de 2012.

El Ejecutivo autonómico -que ha sido condenado al pago de las costas por su actuación contraria a derecho- dispone, en cualquier caso, de la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo español, lo que prolongaría, por ejemplo, el mantenimiento en el dial de la CAV de una distribución de emisoras en las que la presencia del euskara es casi simbólica.