Tras casi cinco meses de inoperancia política, en un sesteo impresentable solo alterado por teatralizaciones baratas, la llegada de esta tercera semana de setiembre marca el final de la farsa postelectoral española. Salvo giro radical, entre mañana y el fin de semana se dará fin a otra legislatura nonata y se convocarán elecciones. Las del 10N serían las cuartas en el Estado en solo cuatro años; un ciclo en el que, para completar el esperpento, el único cambio de gobierno no fue fruto de las urnas sino de moción de censura.

La incapacidad de decidir inquilino para Moncloa muestra obviamente el alcance de la crisis política española. Pero se inserta, además, en una tendencia global en que representantes de diversas tendencias no dudan en arrojar a la papelera decisiones ciudadanas y manipular el sentido de las urnas, utilizándolas para mejorar su posición o debilitar la del contrario al albur de la omnipresente e incesante demoscopia. Mirando a estas últimas semanas, lo mismo ha intentado hacer Salvini en Italia, apenas 16 meses después de las elecciones, o pretende Johnson en Gran Bretaña a mitad de legislatura. Llegados a este punto, resulta creíble la filtración de que Pedro Sánchez (o su donostiarra asesor de cabecera) han terminado dilatando hasta setiembre la resolución del dilema acuerdo o urnas porque las encuestas de agosto no les parecían suficientemente rigurosas debido al éxodo vacacional.

En cualquier lugar, actuar de este modo revela un desprecio evidente al principio democrático, en que la decisión ciudadana marca la guía a seguir y lo que corresponde a los representantes electos es materializarla buscando mayorías en base a acuerdos coherentes. Pero en el Estado español añade un plus de sarcasmo que esos dirigentes que ahora dirán de nuevo apelar al pueblo son los que impiden que Catalunya o Euskal Herria decidan, voten qué quieren ser. Lo llaman democracia, pero en su subsconsciente hay poco más que demoscopia.