La Diputación de Araba presentó ayer los cambios fiscales que prepara, aunque ha sido la de Bizkaia, que aprobó este verano un decreto que modifica varios reglamentos fiscales, la que centró ayer la discusión. El decreto se aprobó en mitad de Aste Nagusia de Bilbo, sin publicidad ni debate y es cualquier cosa menos un ejemplo de transparencia y buen hacer: sin tocar las normas fiscales vigentes cambia radicalmente su aplicación. La reforma más importante está bien camuflada en una tupida red de referencias, pero se filtró ayer, coincidiendo con el inicio del juicio al exsenador del PNV y alto cargo de Hacienda de Gipuzkoa, Victor Bravo, para llevar el debate fiscal al fútbol.

El decreto altera la tributación de las rentas irregulares, aquellas que se cobran en un momento concreto pero que se generan en periodos de tiempo que exceden el año. En 2011, a iniciativa de Bildu en Gipuzkoa, y dos años más tarde en Bizkaia y Araba se aprobaron sendas normas fiscales que establecían un límite de 300.000 euros al tratamiento especial a dar a esas rentas irregulares. El objetivo era evitar que se utilizara esa figura tributaria para eludir impuestos. El cambio aprobado por Bizkaia elimina esa limitación y abre la puerta a que muchos deportistas profesionales o especuladores de las finanzas paguen mucho menos por sus ingresos. La reforma vuelve a dar un trato especial a determinados grupos de contribuyentes a cuenta de mermar los ingresos de la hacienda pública.

Un ejemplo de la utilización torticera e injusta que hace el PNV de las escasas competencias fiscales de las haciendas vascas: el Concierto usado para beneficiar a determinados grupos en detrimento de la mayoría de la población. Este cambio no va de fútbol, ni siquiera de deporte, es una modificación a escondidas para beneficio de los más ricos. Y cuando los más ricos dejan de pagar impuestos, quien pierde es la hacienda pública, que como gustan repetir cuando toca pagar, «somos todos».