El Gobierno de Mariano Rajoy ha recolocado a 81 escoltas privados que trabajaban anteriormente en Hego Euskal Herria. Tras el cese definitivo de la actividad de ETA, desde el Ministerio del Interior, el PP elaboró un plan con el que estas personas han sido recolocadas en la vigilancia de los perímetros exteriores de distintos centros penitenciarios. Una función que el Gobierno del PP ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil, cuerpo armado al que se asignan estas funciones.

Según ha revelado el Ejecutivo de Mariano Rajoy en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press, las 81 personas que han sido reubicadas para desarrollar estas nuevas funciones, suponen el 19% de los 424 escoltas privados que dejaron de prestar su servicio tras el anuncio de la banda armada. El plan de reducción se puso en marcha en 2012.

Este plan tuvo varias fases y la primera de ellas fue precisamente la que afectó a las empresas de seguridad privada. Según las mismas fuentes, en ese momento había 789 escoltas privados prestando seguridad a un total de 558 personas. De esas cifras se pasó a 365 escoltas privados para proteger a 306 personas, es decir, una reducción del 53,74% de efectivos.

Explicaciones del Ejecutivo

El Gobierno español ha argumentado las cifras justificando que desde sus competencias «se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios», informó el Ejecutivo.

No obstante, en la respuesta parlamentaria ofrecida, desde el Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz, se admite que «no se estableció un compromiso específico» para recolocarles, «sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación». Añaden como «prueba de ello» que en la fase inicial «de los 234 vigilantes contratados durante el plan piloto, más de un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra».

Además añaden que «en este sentido, conviene destacar la necesidad por parte de los escoltas de querer incorporarse a las empresas de seguridad como vigilantes, al ser éste un trabajo diferente al que venían desempeñando y, en muchos casos, en ámbitos geográficos distintos a donde residían».