El 18 de mayo la Ertzaintza se empleó durante horas en la disolución de una concentración en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz, conformada como muro popular, para proceder a la detención de Igarki Robles, Aiala Zaldibar e Ibon Esteban. Los agentes sacaban de la plaza uno a uno a los concentrados, agarrados por dos o más policías, y algunos de los jovenes fueron luego golpeados al soltarlos en las calles adyacentes. Cuarenta y dos de ellos presentaros después denuncia ante el juzgado. En las imágenes existentes de aquella mañana se ve que los manifestantes tienen una actitud de resistencia pacífica, aunque sí puede observarse en algún vídeo que ertzainas se golpean entre sí en el fragor de su intervención.

El Departamento de Seguridad comunicó que en la operación habían resultado heridos 17 agentes. El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga pidió «copia de los partes médicos de lesiones» de eso ertzainas, «garantizando en todo caso el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Protección de Datos». Es decir, solicitaba los partes con la identificación borrada o tachada.

Queja y petición de amparo

Pero el Departamento de Seguridad ha negado al Parlamento esa información, alegando que la Ley de Protección de Datos recoge que «los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente». Y añade que en el operativo resultaron heridos 18 ertzainas y 5 de ellos cursaron baja médica».

Ante esta negación de información, EH Bildu presentará una queja y petición de amparo a la Mesa de la Cámara, puesto que no pide la identidad de los agentes, sino poder conocer qué lesiones presentaba y en qué circunstancias se produjeron.

En su escrito, Julen Arzuaga recoge un dictamen de la Agencia Vasca de Protección de Datos de enero de 2014 (CN13-051) que estipula que el Reglamento de la Cámara habilita tanto como una ley para poder acceder a esta información. Y añade que «la función de control democrático del poder, propia del Parlamento, legitimaría la cesión de los datos de salud», más aún cuando se pide «desvinculada de datos identificativos».

600.000 euros para «cascos antidisturbios», a 489,44 cada uno

El Departamento de Seguridad acaba de firmar un contrato por valor de 600.000 con la unión temporal de empresas USP-Ekinsa para el suministro de «cascos antidisturbios».

Según los datos del concurso, al que solo accedió la empresa adjudicataria, la previsión es la de adquirir un total de 1.100 «cascos antidisturbios» con bolsa de transporte, por un precio unitario de 404,50 euros más otros 84,94 de IVA. A esto se añaden 500 protectores de mentonera, por un precio cada uno de ellos de 91,80, y el correspondiente IVA de 19,27 euros.

La oferta realizada por la empresa adjudicataria se acerca muchísimo al precio máximo unitario fijado en el concurso, con apenas una rebaja de 50 céntimos en los cascos y de 20 céntimos en los protectores de mentonera.

Cada casco de la talla 57 tiene un peso de 1.782 gramos. Y deben ser de color rojo, «en las mismas coordenadas cromáticas» de las que ahora usa la Ertzaintza, aunque se podrían pedir otros colores.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad realizó en diciembre otro contrato, en esta ocasión para la adquisición de 23 cascos antibala, por un importe total de 148.890,50 euros, lo que supone que cada uno de estos cascos cuesta 6.473,5 euros. En esta ocasión la empresa adjudicataria fue Technik Consulting Alvade y el contrato se hizo por la modalidad «negociado sin publicidad». I.I.